Asistencia social para dictadores 

Una investigación de Newsweek revela cómo los miles de millones del Pentágono están influyendo hacia hombras fuertes del Oriente Medio.

POR ARAM ROSTON

Oficialmente, EE UU no paga a otros gobiernos por los derechos a tener bases militares. La lógica es sencilla: canalizar dinero a las arcas de dictadores extranjeros no puede ser la base de alianzas estratégicas genuinas.

Pero para entablar las guerras en Irak y Afganistán mientras vigila a los mulás en Irán, en la última década el Pentágono ha llegado a depender de una manera sin precedentes de una red de bases a lo largo de Oriente Medio. Y una investigación de NEWSWEEK sobre las prácticas contractuales del Pentágono en Abu Dabi, Kuwait y Bahréin ha descubierto más de US$14,000 millones pagados principalmente en contratos de licitación directa a compañías controladas por las familias gobernantes a lo largo del golfo Pérsico. La revelación suscita una pregunta fundamental: ¿los dólares de los contribuyentes estadounidenses enriquecen a los potentados gobernantes de regímenes amistosos, mientras los jóvenes manifestantes y la Primavera Árabe han traído un nuevo impulso a la democracia a lo largo de la región?

Dé una mirada a Abu Dabi. El más rico de los Emiratos Árabes Unidos, alberga una base de la Fuerza Aérea de EE UU en Al Dhafra, es un centro vital de repostaje en la región. Como sucede en la mayoría de los estados del golfo, Abu Dabi es gobernado por una sola familia que domina tanto el gobierno como el comercio. Aquí es la familia Nahyan, y el emir es el jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, de 63 años de edad, quien es conocido por su interés en las carreras de camellos, tiene una fortuna de US$15,000 millones de dólares, y controla la compañía petrolera nacional, ADNOC. Como resultado, cada gota de combustible que EE UU compra para sus aviones en Al Dhafra —más de 200 millones de galones al año, con un costo de US$5,200 millones desde 2005— es comprado a la ADNOC controlada por Al Nahyan.

Aun así, según los documentos contractuales, ese dinero ha eludido el proceso de licitación competitiva que, se supone, debe acompañar toda compra —de armas de fuego, chalecos antibalas o combustible— del Pentágono.

En Abu Dabi, “podríamos en esencia estar comprando nuestra presencia”, dice Alexander Cooley, un profesor en el Barnard College que estudia la estrategia de bases de EE UU. Este país con regularidad paga rentas a terratenientes extranjeros, pero esos pagos se separan de los derechos a tener bases, los cuales son acuerdos entre gobiernos. Sobre las bases, dice Cooley, “hay un quid pro quo tácito”.

Hace casi tres décadas, después de una serie de escándalos por gastos —hubo un martillo de US$436 y un asiento de inodoro que costó US$640—, el Congreso aprobó la Ley de Competencia en Contratos en 1984, exigiendo una licitación competitiva. El principio es simple: la competencia baja los precios y aumenta la calidad. Según Charles Tiefer, un miembro de la Comisión Federal de Contratos en Tiempo de Guerra, “la ley manda una competencia con excepciones muy limitadas”.

Abu Dabi ha explotado brillantemente una de esas excepciones. Hace cinco años, en plena Guerra de Irak, un contratista estadounidense de combustible con oficinas en Florida y llamado IOTC, cuestionó un contrato de licitación directa por US$500 millones preparado para ADNOC. La concesión “debe abrirse a una competencia total”, escribió un abogado contractual, Robert Uscher, en una carta de protesta a la Oficina Federal de Responsabilidad Gubernamental. El Pentágono contraatacó, citando lo que dijo era la ley de los EAU, pero el abogado de IOTC dice que los militares “fueron incapaces de mostrar tal ley o decreto”.

Correos electrónicos internos del Pentágono obtenidos por NEWSWEEK bajo la Ley de Libertad de Información muestran una confusión incluso dentro de la Agencia de Logística de la Defensa (DLA, por sus siglas en inglés), la cual maneja las adquisiciones para los militares. Después de que un coronel cuestionó el proceso de licitación directa con ADNOC en 2008, el jefe de división en funciones de la agencia respondió: “Básicamente, es la única compañía con la que el gobierno local nos tiene permitido abastecernos de combustible”. Después, un funcionario estadounidense de contratos preguntó: “¿Hay alguna documentación o historia” sobre la ley de Abu Dabi? Incluso la Embajada de EE UU en Abu Dabi dijo que realmente no podía encontrar una copia de la ley. Sólo unos meses después, el Pentágono emitió otro contrato de licitación directa por US$918 millones a ADNOC. Según calcula Tiefer, “ustedes le están dando las llaves de las arcas al emirato”.

El Pentágono dice que hizo lo que debía hacer. “Tenemos una opción”, dijo un oficial de la DLA a NEWSWEEK. “¿Quieren estar en ese país y salir volando del campo de aviación y usar el combustible que ellos proveen, o no? (ADNOC se negó a comentar.) Como dice Ronald Neumann, un ex embajador en Oriente Medio, el dilema es “una impresión potencial de estar haciendo negocios con países no democráticos”.

Las familias gobernantes que albergan otras bases de EE UU en el golfo parecen estar beneficiándose de la misma forma. Considere a Kuwait, donde Arifjan, la mayor base de EE UU, sirve como la principal ruta de abastecimiento militar a Irak. Como la familia Al Nahyan en Abu Dabi, el clan al-Sabah gobierna a Kuwait, así como su empresa petrolera nacional, Kuwait Petroleum Co., la cual ha recibido unos US$4,000 millones en contratos del Pentágono desde 2005, mucho de ello en contratos de licitación directa. La DLA explica: “Los contratos que proveen el combustible destinado a Irak son de licitación directa debido a las restricciones kuwaitíes”.

O mire el reino de Bahréin, donde los manifestantes de la Primavera Árabe han expresado su rabia este último mes. También es el hogar del cuartel de 60 acres de la Quinta Flota de EE UU. El rey Hamad bin Isa al-Khalifa gobierna al país, y da la casualidad de que Bahréin también alberga la oficina regional para las operaciones de energía de la DLA, la oficina que compra en primer lugar todo el combustible para los militares estadounidenses. Cada año, la compañía petrolera nacional de Bahréin rutinariamente gana un pedazo de un enorme contrato del Pentágono, llamado WestPac, para proveer de combustible a las operaciones militares de EE UU en el Pacífico occidental. La compañía de combustible nacional de Bahréin ha obtenido un estatus raro: el reino, que tiene una población de poco más de 1 millón de personas, se ha vuelto uno de los principales proveedores de combustible de los militares estadounidenses, ganando miles de millones. La DLA señala que las ventas de combustible de Bahréin no son un contrato de licitación directa como los de Abu Dabi. Más bien, dice el Pentágono, Bahréin siempre gana porque su oferta es baja, ofrece grandes cantidades de combustible, y tiene pocos, si acaso, competidores entre los “proveedores tradicionales” en la región. David Kirsh, un director de la firma consultora petrolera PFC Energy, dice: “La Bahrain Petroleum Co. probablemente no ganaría estos contratos si no fuera por la base”. El funcionario en la DLA dice que la agencia hace lo mejor que puede para proveer de combustible a bajo costo a las fuerzas de EE UU alrededor del mundo.

Pero sigue la cuestión de si estas alianzas estratégicas flotan sobre un río de aguas más que bravas con dinero de los contribuyentes.

 Roston es un periodista de investigación domiciliado en Washington, D.C.