Che Casino!

En medio del fracaso institucional y el estancamiento económico, la otrora orgullosa Italia se encuentra casi en estado de postración.Por Rosemary Righter 

LOS ITALIANOS NO son distintos de otros pueblos: como familias pendencieras, no tienen empacho en señalar sus faltas, pero resien­ten profundamente que algún extraño se atreva a enumerarlas.

El caos político y las aflicciones económicas de este verano convirtieron el siempre poderoso complejo de inferioridad de los italianos en algo parecido al desprecio de sí mismos; y la semana pasada, en una abe­rrante catarsis nacional, desahogaron sus frustraciones en un estallido de prejuicios contra los estadounidenses.

 El juicio de Amanda Knox y su novio italiano, Raffaele Sollecito, acusados de homicidio en Perugia, fue la mecha que hizo estallar el polvorín y puso a la justicia italiana como ejemplo de conspira­toria ineptitud. Cuanto más se demostraba que las pruebas forenses habían sido manipuladas y más fallidos eran los argumentos de la fiscalía, más humillados se sentían los italianos. Lo que salió mal es harto conocido. Toda investigación italiana comienza cuando el juez acusador gira una orden a la Policía (que también puede llevar a cabo interrogatorios secretos); sin embargo, como el juez a cargo de reco­ger las pruebas es el mismo que dirige el proceso judicial en la corte, tiene la autoridad de confirmar los hallazgos. El sistema es tan poco susceptible de impugnación que las apelaciones de casi la mitad de todas las condenas criminales están destinadas al fracaso, incluso cuando existe la más mínima “duda razonable”.

Por consiguiente, cabría esperar que los italianos —que poca fe tienen en su sistema judicial— interpretaran la exculpación de Knox tras la apelación como el restablecimiento de la honra na­cional. Todo lo contrario: vox populi está enfurecida con la abso­lución, insistiendo absurdamente en que fue liberada sólo por ser estadounidense (no obstante el descargo de Sollecito) y porque, a diferencia de la mayoría de los italianos acusados de actos cri­minales, tuvo el dinero necesario para costear un experto forense independiente. Los millones que Knox generará con su experien­cia judicial tampoco ayudan; para los italianos, socialmente con­servadores, el caso fue nada menos que la vulgar comercialización estadounidense de una tragedia humana: el aún misterioso asesi­nato de Meredith Kercher, la británica que compartía apartamen­to con Knox.

Lo que ha encendido la indignación italiana es que el juicio se ha­bía convertido en una nube del tamaño de una obsesión nacional, una parábola de todos los males del país, y el inesperado desenlace ocurrió en un momento de máxima tensión.

En julio pasado, cuando la tormenta griega se extendió por el Mediterráneo, la gente esperaba que el vendaval beneficiara en algo a Italia y obligara a su egocéntrica élite política a ponerse realmente a gobernar, limitando la prodigalidad del dilatado Esta­do y poniendo en marcha la estancada economía. Al cabo de tres meses, dos presupuestos de austeridad emergentes y un acalorado enfrentamiento político, las únicas certidumbres son impuestos aún más altos, un crecimiento aun menor y ulteriores demostra­ciones de incontinencia privada e irresponsabilidad política por parte de su “Primer Ministro en mis ratos libres”, como se ha des­crito el propio Silvio Berlusconi.

Incluso ahora pocos italianos aceptan que el país se haya vuel­to incapaz de salvarse; pero su confianza fue sometida a una dura prueba, la semana pasada, por un triple golpe de martillo contra el orgullo nacional. Primero, Moddy’s siguió la pauta de Standard & Poor’s degradando marcadamente la calificación crediticia de Ita­lia y, como S&P, citó la fragilidad política como un factor contribu­yente; después, el caso Kercher; y por último, Corriere della Sera publicó una carta filtrada de Jean-Claude Trichet, presidente del Banco Central Europeo (BCE), dirigida a Berlusconi. En la mi­siva, Trichet puntualizaba al gobierno italiano la forma como debía dirigir al país y establecía un conjunto de ajus­tadas fechas límite para implementar “una estrategia de reforma comprensiva, de amplio alcance y creíble”.

Fechada en agosto, justo antes que BCE mediara en el mercado de bonos italiano para reducir el costo de financiación de la deuda soberana nacional, la carta imponía duras condiciones para dicha in­tervención. Exigía que Italia balanceara su presupuesto para 2013, un año antes de lo planificado y por consiguiente antes, no después, de la fecha de las próximas elecciones. Debía hacerlo “eminentemente, a través de recortes en el gasto” —reduciendo el desembolso del sec­tor público mediante duras reglas de recambio de personal y cortes salariales; racionalizando o privatizando grandes sectores de los 571 mil millones de euros en bienes raíces y posesiones empresariales de Italia; además de incrementar la edad de jubilación global a 65 años. Dichos recortes, decía la carta, deberán concretarse con una cláusu­la automática para reducir el déficit, a fin de asegurar que cualquier tropiezo administrativo fuera compensado con recortes en todos los niveles. Con todo, la exigencia más radical y políticamente explosiva de BCE fue “la acción apremiante”, a más tardar el 30 de septiembre, para retirar los bloqueos sistémicos que mantenían la tasa de crecimien­to italiana en niveles penosamente bajos. En una primera reforma de gran escala, ordenaba al gobierno liberalizar de inmediato las profe­siones conspicuamente cerradas de Italia, abrir a la competencia los servicios públicos, reformar el sistema nacional de negociación colec­tiva para propiciar acuerdos de nivel local, liberar las leyes de contrata­ción y despido, y mejorar el seguro de desempleo. A eso seguiría, casi de inmediato, el establecimiento de indicadores de rendimiento para la salud, la educación y el sistema judicial, así como la abolición o con­solidación del completamente inútil nivel provincial del gobierno. Casi como evitando alguna evasiva, la carta iba firmada también por Mario Draghi, el muy respetado gobernador del Banco de Italia que recibirá la silla de Trichet a fines de este mes.

La extraordinaria misiva pone en aprietos a los políticos italianos. BCE no sólo espera una revolución en la administración de Italia, sino que su listado de condiciones será utilizado tanto por BCE como por los mercados financieros para evaluar la salud económica del país. El escrito ha envalentonado a Confindustria, la siempre complaciente federación de trabajadores, que ahora insiste en que se tomen medi­das inmediatas sobre su lista de peticiones —desregulación, recortes al impuesto de nómina financiados por un pequeño impuesto a la riqueza, reformas laborales y de pensión. Sin embargo, quedar tan públicamente bajo la tutela europea no sólo ofende a los profesio­nales y sindicatos cuyas prebendas están siendo atacadas, sino que perturba profundamente a muchos italianos que, en general, estarían de acuerdo con el tratamiento prescrito.

La verdadera economía de Italia, protestan, es mucho más sa­ludable que la de España —con sus enormes deudas privadas y públicas, bancos fuertemente dañados por una burbuja de propie­dades colosal, y un desempleo de más del 20 por ciento. ¿Por qué atosigan a Italia? ¿Y por qué insisten en una estrategia global que, aunque podría fortalecer el crecimiento a largo plazo y desatar el poder empresarial de Italia, conlleva el riesgo de una contracción a corto plazo y justo cuando están debilitándose los mercados de exportación francés y alemán?

La respuesta, en pocas palabras, es la convicción de que los po­líticos italianos nada harán si no se les propina una buena patada. Desde principios de año, el Senado se ha adherido a las restrictivas profesiones y los sindicados se han aferrado con tenacidad a las in­violables protecciones de la ley vigente sobre despidos. Berlusconi está tan enrollado en demandas que los esfuerzos de su gobierno para reformar el sistema legal carecen de toda credibilidad. Mas, esas demoras y obnubilaciones son grandes disuasivos para los in­versionistas extranjeros.

Giulio Tremonti, el astuto ministro de economía, ha aprovechado la oportunidad de una “gran reforma estructural” prometiendo —para mediados de octubre— un plan de crecimiento a 10 años, y al mismo tiempo, está desarrollando ambiciosos planes para la venta de activos estatales. El problema es que Tremonti y Berlusconi ape­nas se dirigen la palabra desde hace meses y ahora, están a punto de enzarzarse en una guerra abierta. A través de algunas “fuentes” se sabe que Berlusconi ha tenido el descaro de sugerir que Tremonti está coludido con las agencias calificadoras para avergonzarlo; por su parte, Tremonti insinúa que unas elecciones anticipadas serían poco menos que una parálisis. Algo tiene que pasar, pero hasta en­tonces, la dolorosa incertidumbre italiana hará que su ya conocido cenagal de desesperanza parezca casi una zona de consuelo.