Por Hugo Hernández Ramos

Desde su inicio en 2006, la llamada “guerra frontal contra el narcotráfico” encabezada por el presidente Felipe Calderón ha arrojado diversas estadísticas de muertes relacionadas con el crimen organizado, publicadas tanto por el sector oficial como por los medios de comunicación, que resultan ser muy diferentes y, en algunos casos, contradictorias.

Los datos difundidos durante cuatro años por la Presidencia de la República, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Procuraduría General de la República (PGR) no concuerdan entre sí.

Pero esta contradicción es aún mayor cuando se comparan con los conteos periodísticos que han realizado algunos diarios de circulación nacional.

Por ejemplo, en diciembre de 2010, el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez, informó que del primero de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2010 se sumaban 30,196 asesinatos vinculados al narcotráfico. Un mes después, el vocero del gabinete de seguridad nacional, Alejandro Poiré Romero, aseguró que en el mismo período se habían contabilizado 34,416 casos.

Para Ernesto López Portillo, director Ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), hay una grave distorsión entre las cifras que se publican a través de los medios de comunicación y las cifras que contabilizan las autoridades, y esto tiene que ver con que las estadísticas de las autoridades están clasificadas por delitos.

“Los medios de comunicación hablan de ejecuciones por parte de la delincuencia organizada, y ese concepto no existe en las estadísticas oficiales. Existe el concepto de homicidio, que puede tener distintas formas: doloso, culposo, agravado… en consecuencia los conceptos que utilizan los medios de comunicación y los que utiliza el Estado para medir la delincuencia son distintos”, explicó Portillo.

En la divulgación de las cifras entran en juego tres variantes, explica Portillo: los medios de comunicación, el sector académico y las organizaciones de la sociedad civil, quienes están utilizando cada vez más las cifras de victimización, “esto es, el número de personas que han sido víctimas de algún delito, y así lo declaran en encuestas especializadas. Y la autoridad, por su parte, no levanta estudios de victimización”.

También existe una distorsión sobre la llamada “cifra oscura”, pues, como lo explica Portillo, es el número que hay entre las víctimas y número de denuncias presentadas: son mucho más las víctimas que las denuncias. “Hasta la fecha las autoridades federal, estatal y municipal no le dan relevancia a esta cifra oscura, ni a la victimización, a pesar de que son instrumentos utilizados internacionalmente para construir políticas públicas de seguridad. En consecuencia, por donde se vea, hay una distorsión importante entre la estadística que fluye a través de los medios, la academia y la sociedad civil y la estadística que la autoridad construye y reconoce como válida”, agrega Portillo.

Hay diversas formas de ver las cifras, como lo afirma Lorenzo Meyer, historiador y académico de El Colegio de México. “Pueden interpretarse de varias maneras: el gobierno las interpreta como que a más muertos mejor, porque eso quiere decir que se está eliminando más mexicanos indeseables o criminales, que están mermando las filas del narcotráfico, y por lo tanto como algo positivo”, refiere. Otros las interpretan al revés: “Las muertes aumentan, pero las cifras sobre la producción de narcóticos, sobre la exportación de narcóticos, las cifras que provienen de EE UU, de NU, no nos dicen que esté bajando la producción de estas sustancias declaradas ilegales, y en el consumo está la clave, pues esa variable México no la controla”.

“La mayor parte de las cifras que ofrece el gobierno Federal respecto a la delincuencia organizada no lleva consigo el método que permitió llegar a ellas, por lo cual la confianza que les podamos atribuir es un acto de fe porque los métodos no están a la vista”, advierte Portillo.

“En realidad, no existe una respuesta consolidada que demuestre que las cifras de las ejecuciones hayan incrementado o disminuido en lo que va del sexenio, quien responda a eso tiene que mostrar el método para demostrarlo, es decir, si en el municipio X hay menos homicidios porque entró la Policía, tendría que demostrarlo a través de un método; si no, es una declaración arbitraria que puede hacer cualquier persona”, finaliza Portillo.